Un amigo me facilita la entrada a las casas y yo busco compradores.

Un reguero de sangre a las puertas, cristales destrozados y la sensación permanente de inseguridad. Esta es la imagen diaria de unas galerías comerciales en Parla que llevan más de un año okupadas, convertidas en un foco de delincuencia, tráfico de drogas y violencia que mantiene en vilo a vecinos y propietarios.

Después de cambiar 20.000 cerraduras, ya nos rompieron la última cerradura, decidimos dejar abierto. Ahora no hay tanta gente porque hemos contratado a una empresa. Ahora habrá dos o tres, pero aquí ha habido 25 personas», nos cuenta uno de los propietarios.

La reducción del número de okupas en el interior se debe a la intervención de una empresa de desokupación contratada por los dueños. Sin embargo, la batalla dista de estar ganada. El deterioro del lugar es evidente. Donde antes había un supermercado, ahora solo hay ventanas rotas y rastros de episodios violentos.

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«Esto, uno de los okupas que echaron, por lo visto vino borracho y se lió a dar puñetazos, se cortó, estaba todo esto lleno de sangre», añade el propietario, quien ha vivido una lucha agotadora contra los allanamientos.

Los vecinos respiran un alivio cauteloso. «Mucho cachondeo todos los fines de semana. Si hubierais venido antes de ayer, allí había un charco de sangre, peleas… Según he oído, había hasta 24 personas ahí metidas», declara un residente de la zona.

Un equipo de Madrid Directo accede al interior con la empresa desokupa. «Está todavía okupada. Ha habido bastantes agresiones, robos aquí en el barrio. Aquí es donde venden la droga… el otro día me encontré a dos chavalas aquí con 15 años con ellos», detalla Rogelio, de la empresa.

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Los trasteros y los puestos del mercado fueron alquilados por una persona que habla sin tapujos del negocio que hace con la okupación. Asegura que un «amigo» le abre los locales, que él luego «vende» por unos 500 euros.

«No es mío, ya lo sé, pero me estoy buscando la vida», justifica. «Hay un amigo mío que me abre las casas y yo busco a la gente para que las compre… Sé que no es legal, pero qué hago. Sin papeles, dónde puedes trabajar».

Este mismo individuo reconoce la persistencia de su negocio a pesar de la acción legal: «Me han detenido dos veces», admite, y detalla que opera de la misma forma en Getafe, Villaverde, Sol o Atocha. Su «catálogo» incluye pisos, cuyo precio varía: «Hay gente que busca comprar una casa okupa», explica, señalando que un piso puede costar entre 1.500 y 2.500 euros.

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Mientras, los legítimos propietarios, que desean vender el inmueble, se enfrentan a un laberinto de violencia, delincuencia y un mercado negro que comercia impunemente con lo que no le pertenece, confiando ahora en empresas para recuperar lo que es suyo, ante la desolación de todo un barrio.

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